La Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia de El Salvador fue creada en 2009, inspirada en la Convención de Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (LEPINA) de 2009. El desarrollo de una política pública de cuidados en El Salvador se enmarca institucionalmente en la Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada en abril de 2014 que crea el Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, cuyo objeto es coordinar la ejecución y cumplimiento de la Política Social, e incorpora el Subsistema de Protección Social Universal como la instancia de coordinación gubernamental de los programas de protección social (Salvador, 2015). El objetivo de la Política es garantizar la educación y desarrollo integral de la primera infancia, de manera coordinada, integrada y participativa, por parte de las diferentes instancias de alcance nacional y local, gubernamentales y no gubernamentales, incorporando a la sociedad civil y reforzando el papel protagónico de la familia y la comunidad, contribuyendo a una mejor preparación para la vida de los niños desde la concepción hasta los siete años de vida, mediante directrices generales que orienten los diferentes planes, programas y proyectos.

La política se estructura en 10 estrategias:

1. Sensibilización, promoción y difusión del derecho a la educación y el desarrollo integral de la primera infancia

En primer lugar, un componente de sensibilización, promoción y difusión del derecho a la educación y al desarrollo integral de la primera infancia mediante el involucramiento y compromiso de todas las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, de cooperación, del sector privado y todas las demás instancias involucradas en la atención de la primera infancia, mediante diversos esfuerzos articulados, los que serán liderados por el Ministerio de Educación.

2. Acceso universal y equitativ

En segundo lugar, una estrategia de acceso universal y equitativo al derecho a la educación y desarrollo integral que tienen los niños desde su concepción hasta los 7 años (lo cual supone una expansión de la oferta de carácter progresivo). Este acceso universal se diseñó a través del fortalecimiento de dos vías: públicas o comunitarias. Entre las primeras, se encuentran instituciones lideradas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA). En esta categoría se conforma por las instituciones parvularias (dependientes del Ministerio de Educación), los Centros de Desarrollo Integral (CDI) o los Centros de Bienestar Infantil CBI), dependientes del ISNA, o los Centros Rurales de Salud y Nutrición (dependientes del MSPAS). Entre las segundas, se encuentran distintos tipos de Centros de Desarrollo Integral dependientes de Municipalidades, de OSC, de iglesias o privados.

Según los datos del Censo Escolar del año 2013, había 7.893 niños en educación Inicial, el 51% de quienes concurrían a centros privados. En educación parvularia son 228.037 niños y niñas, el 83% asiste a centros del sector público. Solamente el 1% de los niños concurría a escuelas de jornada extendida. En 2015, el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del ISNA se desarrollaba en 111 municipios a través de 206 Centros de Atención Inicial y atendía a 6.304 niños. Los CBI, por su parte, en el primer trimestre de 2015, atendían a 4.852 niños y niñas; y los CDI, a 1.452 niños (Salvador, 2015).

3. Currículo pertinente y de calidad para la educación y desarrollo integral de la primera infancia

Se plantea el desarrollo de un currículo pertinente y de calidad para la educación y desarrollo integral de la primera infancia, contemplando dimensiones de salud, nutrición, lactancia materna, y protección.

4. Formación permanente y profesionalización de agentes educativos para la primera infancia

La Política plantea la formación permanente y profesionalización de agentes educativos para la primera infancia en línea con el enfoque de derechos.

5. Educación inclusiva y atención a la diversidad

Plantea el reconocimiento de la diversidad como una condición natural de todos los grupos humanos. Las niñas y los niños con necesidades individuales y especiales deben ser identificados y atendidos respondiendo a sus necesidades y reconociendo sus derechos particulares.

6. Fortalecimiento de la gestión institucional e interinstitucional

Esto implicó que la institución rectora, el Ministerio de Educación, cree o fortalezca las instancias administrativas y técnicas que tengan el poder de decisión y los recursos necesarios para la buena ejecución de la política. También se planteó la creación de un mecanismo de articulación interinstitucional que garantice el cumplimiento de la política en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (contemplado en la LEPINA), promoviendo la creación de una Comisión interinstitucional que tome decisiones sobre la gestión de esta Política (Ministerio de Educación de El Salvador, 2010).

7. Creación e implementación del modelo de Educación y Desarrollo Integral

El modelo consistió en la categorización de tres etapas dentro de la primera infancia de acuerdo al ciclo vital. En la primera etapa, que abarca desde la concepción al nacimiento, se planteó la atención a través del sistema de salud a cargo del MSPAS, del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social (ISSS), y de servicios provistos por OSC y centros privados. En la segunda etapa, desde el nacimiento hasta los 4 años de vida, se previó la cobertura en atención directa y familiar con distintas modalidades: los CDI y CBI del ISNA, los servicios del MSPAS, y también centros de OSC, municipios y privados que, en 2010, alcanzaba una cobertura del 1,8%. En la tercera etapa, a partir de los 4 años hasta los 7 años, se planteaba el acceso al sistema educativo a través de las escuelas parvularias públicas y privadas, las secciones anexas públicas y privadas, y los programas comunitarios de OSC que, en 2010, alcanzaban al 64% de los niños y niñas salvadoreños en ese rango etario (Duque de Rodríguez, 2010).

8. Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación

Desarrolla cuatro tipos de evaluaciones. En primer lugar, evaluaciones nutricionales mensuales y semestrales utilizando indicadores del Sistema de Información para la Infancia (SIPI). En segundo lugar, evaluación de la calidad de los servicios a partir de la implementación de procesos de auto-evaluación, permite medir la calidad de los servicios y de los recursos disponibles. A partir de este ejercicio de evaluación, la madre educadora se establece metas y desarrolla acciones para superar las deficiencias identificadas. En tercer lugar, evaluaciones semestrales de desarrollo en donde se considera la escala de desarrollo del niño, utilizando el SIPI. En cuarto lugar, se desarrollan evaluaciones de impacto, a partir de un estudio longitudinal, por medio del cual se pretende determinar la evolución en el desarrollo de los niños, desde que están en el CBI hasta que llegan a sexto grado (Molina, 2010).

9. Investigación, sistematización e innovación

En noveno lugar, se promovió la creación de un sistema que fomente y apoye la investigación, sistematización e innovación permanente que garantice una mejora continua de los diferentes procesos en función de la calidad en educación y el logro de un desarrollo integral de los niños; que impulse esfuerzos de investigación desde lo local hasta lo nacional, incorporando a las universidades, instituciones públicas, de la sociedad civil y otras instancias.

10. Fortalecimiento y participación de la familia y la comunidad

La Política plantea una décima estrategia de fortalecimiento y participación de la familia y la comunidad, reconociendo su importancia en el desarrollo infantil y promoviendo su participación en diversas actividades (Ministerio de Educación de El Salvador, 2010).

La política es liderada por Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, desde su concepción, la política se fundó en una estrategia participativa y de articulación con los actores clave del campo de la primera infancia en el país.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2013, la cobertura de la Educación Inicial era de 2% para el total de niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Pero si se desagrega por edad, esa cobertura es claramente mayor en los 3 años, llegando al 6,1%. De estos niños, la gran mayoría (72%) era atendida en centros públicos. Para el tramo de 4 a 6 años de edad, la cobertura del sistema educativo era mayor y aumentaba con la edad. Aún era muy baja para la edad de 4 años, a pesar que desde 1996 la enseñanza desde ese nivel es obligatoria en el país (Salvador, 2015).

Por otra parte, Schady (2015) identifica que en 2010 la cobertura promedio era del 67%, lo cual había representado un crecimiento del 48% desde 1999 (cuando los servicios cubrían a 45% de los niños). También se avanzó enormemente en la reducción de la regresividad en el acceso a los servicios: en 1999 la brecha entre el primero y el quinto quintil era de 57% y en 2010 se había reducido a 34%. No obstante estas mejoras, es importante señalar que aún muchos niños salvadoreños no logran acceder a servicios de educación inicial y cuidado, especialmente en sus primeros años de vida.

Sin embargo, y especialmente en lo que se refiere a los niños más pequeños, resulta importante notar que es en los departamentos con mayor proporción de niñas y niños de 0 a 6 años de edad (Morazán, Cabañas y Ahuachapán) en los que hay baja cobertura de los servicios de cuidado infantil, y una proporción muy significativa se encuentra por debajo de la línea de pobreza, en situación de pobreza extrema o relativa (Salvador, 2015). Será fundamental revertir esta tendencia para que los servicios se dirijan mejor a quienes más los necesitan.