El Plan Nacional de Acción fue creado en 2012 con el objetivo de generar condiciones para el cumplimiento efectivo de los derechos de niños y adolescentes, en su calidad de ciudadanos, a través del desarrollo de políticas públicas integrales, implementadas interinstitucional e intersectorialmente y con enfoque territorial. En particular, busca: 1) Garantizar de modo prioritario los derechos de niños y adolescentes como política de Estado; 2) Aumentar los grados de igualdad, en particular territorial y de género; y 3) Garantizar el acceso a bienes y servicios de igual calidad (SENAF, 2012).

Para ello, cuenta con tres núcleos de trabajo:

El Núcleo 1, Fortalecimiento institucional, busca consolidar los Sistemas de Protección de Derechos a nivel nacional, provincial y municipal a través de la adecuación normativa, el desarrollo de los servicios locales y la construcción de protocolos y metodologías que den efectividad a la aplicación de los Sistemas.

El Núcleo 2, Condiciones básicas para una vida digna, tiene por objetivo la disminución de la brecha en la distribución del ingreso familiar entre los quintiles con mayores y menores ingresos. Además, busca garantizar el acceso a la vivienda, el agua potable por red pública (para el 90% de la población, de acuerdo a la meta de los ODM), desagües cloacales (75% de la población de acuerdo a la meta de los ODM) y a un ambiente sano.

Finalmente, el Núcleo 3, Promoción y protección de derechos, busca garantizar el derecho a la identidad, a la asignación universal, mejorar la desnutrición, promover hábitos comunitarios saludables, disminuir la mortalidad infantil y de niños menores de 5 años (8,5/ºº para la Tasa de Mortalidad Infantil y el 9,9/ºº para la Tasas de Mortalidad de niños Menores de 5 años, de acuerdo a la meta de los ODM), disminuir la mortalidad materna (1,3/000, de acuerdo a la meta de los ODM), promover acciones para la erradicación del trabajo infantil, fortalecer políticas activas de protección contra el maltrato, aumentar el número de Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (CDIC), fortalecer políticas de desinstitucionalización, garantizar el acceso a la educación obligatoria y promover espacios de participación de niños y adolescentes.

Por otro lado, Argentina ha avanzado en una multiplicidad de intervenciones destinadas a la primera infancia. Entre las principales se puede destacar, entre otras, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, el Plan SUMAR (cobertura universal de salud), la obligatoriedad de la sala de 4 años años (en 2013, la cobertura de dicha sala era del 86,2%, lo que representó un incremento del 53,7% con respecto a 2003) y, con potencial aún no desarrollado, la creación de la Comisión de Promoción y Asistencia de los CDIC, responsable de realizar programas, proyectos y servicios orientados a regular el funcionamiento de todos aquellos espacios que atiendan integralmente a niños de 45 días a 4 años.

Sin embargo, los avances en las políticas públicas destinadas a la primera infancia son incompletos, dada la fragmentación de las intervenciones (proyectos, programas, políticas, planes) la desarticulación entre sectores y niveles de gobierno, y las dificultades en la gestión, entre otros factores. A la fragmentación de las intervenciones se suman las dificultades propias del federalismo argentino, incluyendo debilidades institucionales en lo referido a las relaciones entre niveles de gobierno con muy diversas capacidades técnicas y fiscales. Por eso, organizaciones como CIPPEC en Argentina proponen la construcción de una adecuada institucionalidad para la primera infancia que incluye: a) la definición de un órgano rector con elevada autoridad política, que dependa directamente de la Presidencia de la Nación, con control y capacidad de monitoreo sobre el presupuesto específicamente asignado a los organismos sectoriales para implementar las políticas y estrategias de primera infancia; b) Consensuar un Pacto Federal de Primera Infancia, que incluya acuerdos interjurisdiccionales de contenidos de políticas y la inversión correspondiente de los distintos niveles de gobierno; c) Alcanzar en 2019 una inversión del Estado nacional en políticas de primera infancia del 1,82% del PBI para abordar las dimensiones de salud y nutrición, licencias y transferencias y educación inicial y cuidado; d) Asegurar mecanismos de gestión apropiados en todos los niveles de gobierno; e) Generar un proceso de capacitación continua de los funcionarios públicos (Repetto, Veleda, Mezzadra, Díaz Langou, Aulicino, & Acuña, 2015).